En años recientes existe un amplio debate nacional sobre la transición energética que debe afrontar México, país privilegiado con grandes reservas petroleras durante el siglo XX, pero que hoy debe reconocer compromisos internacionales importantes en la lucha contra el cambio climático, el cuidado del medio ambiente y los derechos humanos y colectivos de su población. Con la crisis planetaria, que no sólo se refiere al cambio climático sino que incluye temas como la pandemia de COVID-19 y el conflicto bélico en Ucrania, el tema energético se presenta como un reto complejo que no puede abordarse sino en forma sistémica, intersectorial y transdisciplinaria. Las políticas públicas mexicanas de las décadas recientes, incluyendo las del actual sexenio, no han sabido afrontar el problema. En meses recientes el sistema eléctrico se ha puesto ampliamente en el debate nacional; sin embargo, hay que mencionar que éste representa menos de la quinta parte del sector energético de México. En cuanto a éste, el consumo nacional se centra, principalmente, en los sectores del transporte e industrial, que apenas son considerados en la discusión.

A pesar de la experiencia previa en conflictos socioambientales documentados por la instalación y operación de numerosos parques eólicos de gran escala en la zona del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Reforma Energética propuesta por Peña Nieto no pudo frenar la aparición de los mismos problemas en el estado de Yucatán. Aunque se propusieron nuevos instrumentos de política pública que intentaron disminuir los impactos ambientales y sociales en las regiones con potencial eólico y solar, en la práctica se observaron deficiencias y omisiones en la aplicación de estos mecanismos. Este trabajo se centra, principalmente, en en el análisis de las deficiencias de la Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento que se implementó en México desde 1988, pero que ha mostrado ser deficiente, en especial ante proyectos de gran escala y en particular para tomar en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos de 40 parques eólicos y fotovoltaicos propuestos para la península de Yucatán. Tampoco se estima la capacidad de carga de esta región que es considerada por su alto valor biocultural, es decir, una riqueza de biodiversidad en sus ecosistemas que conviven con un elevado porcentaje de población maya o tradicional.

Aunque el análisis se centra especialmente en cinco parques eólicos propuestos para la zona costera del estado de Yucatán (tres de ellos ya en funcionamiento), es posible generalizar la percepción que se tiene de estos proyectos entre académicos y distintas organizaciones de la sociedad civil. Esta impresión es contraria al concepto “verde” que utilizan las instituciones gubernamentales y las empresas que buscan establecer parques eólicos y fotovoltaicos, y justamente visibiliza la escasa participación pública en la toma de decisiones regionales sobre proyectos de energía. Con un discurso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el contexto global, los parques eólicos pueden ocasionar fuertes impactos ambientales y sociales regionales, en especial en zonas sensibles y vulnerables, como la península de Yucatán.

Se concluye entonces que es necesaria la implantación de otras propuestas de política pública que favorezcan la gobernanza, un verdadero desarrollo regional sostenible y una transición energética justa, como pudiera ser la Evaluación Ambiental Estratégica, herramienta que hasta la fecha no ha sido instrumentada por el gobierno federal, a pesar de haberse incluido desde 2015 en la Ley de Transición Energética. En este escenario, los proyectos actuales de la federación en Yucatán, como la construcción de gasoductos, la instalación de nuevas centrales eléctricas que emplean combustibles fósiles o el avance del llamado Proyecto Tren Maya -que propone parques fotovoltaicos de gran escala y un incremento en el consumo eléctrico de la región-, continúan agrediendo una zona que cada vez se deteriora con más intensidad.

 


Zárate-Toledo, E.; Wood, P.; Patiño, R. “In search of wind farm sustainability on the Yucatan coast: Deficiencies and public perception of Environmental Impact Assessment in Mexico”. Energy Policy 2021, 158, 112525.

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